Más de 140.000 personas se han sumado a una petición impulsada por CitizenGO para exigir a representantes de Estados Unidos que intervengan en las negociaciones de Naciones Unidas sobre una futura convención internacional contra los crímenes de lesa humanidad. La campaña busca preservar una definición de “género” vinculada a los dos sexos biológicos.
La organización dirige su llamado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, y a los delegados estadounidenses que participan en el proceso. CitizenGO sostiene que modificar o eliminar esa definición podría abrir la puerta a interpretaciones jurídicas más amplias dentro del futuro instrumento internacional.
El centro de la controversia está en el lenguaje utilizado para definir “género”. El Estatuto de Roma de 1998 incluyó una disposición que relaciona ese término con los sexos masculino y femenino dentro del contexto social. Sin embargo, el proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional en 2019 no conservó aquella definición específica.
La Comisión explicó en sus trabajos que la formulación respondió a desarrollos posteriores en el derecho internacional de los derechos humanos y en la jurisprudencia penal internacional. Para CitizenGO, en cambio, abandonar una definición limitada al sexo biológico genera inseguridad jurídica y permite que conceptos actualmente discutidos adquieran consecuencias penales internacionales.
Entre las principales preocupaciones de los promotores de la petición está la posibilidad de que expresiones relacionadas con “apartheid de género” o determinadas formas de “violencia sexual o reproductiva” sean incorporadas sin delimitaciones que ellos consideran suficientemente estrictas. CitizenGO afirma que un lenguaje demasiado amplio podría terminar afectando creencias, discursos o políticas vinculadas con la defensa de la vida y la familia.
La organización insiste en que los crímenes de lesa humanidad deben mantener definiciones jurídicas precisas, debido a la extrema gravedad de los delitos que esa categoría pretende castigar. Por eso pide que cualquier nueva convención internacional evite términos que, a su juicio, puedan prestarse a interpretaciones expansivas en asuntos sociales, familiares o bioéticos.
La discusión todavía no equivale a una norma internacional ya aprobada. Naciones Unidas confirmó que el texto continúa dentro de un proceso diplomático: un Comité Preparatorio celebró su primera sesión entre el 19 y el 30 de enero de 2026, tendrá otra entre el 12 y el 15 de abril de 2027, y las conferencias destinadas a negociar y concluir un instrumento jurídicamente vinculante están previstas para 2028 y 2029.
El proyecto de 2019 elaborado por la Comisión de Derecho Internacional contempla como crimen de lesa humanidad la persecución contra grupos identificables por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas, de género u otros motivos reconocidos internacionalmente como inadmisibles, siempre dentro de los requisitos establecidos para que una conducta alcance la categoría de crimen de lesa humanidad.
Estados Unidos, por su parte, no es Estado parte del Estatuto de Roma. Aunque Washington firmó el tratado en 2000, nunca lo ratificó y posteriormente comunicó que no tenía intención de convertirse en parte. La petición busca ahora que la delegación estadounidense defienda durante las negociaciones una formulación que CitizenGO considera jurídicamente más clara.
El episodio vuelve a mostrar que las palabras empleadas en el derecho internacional pueden tener consecuencias que trascienden una simple discusión terminológica.
